El pleno de la Real Academia Española (RAE) aprobó este jueves 1 de marzo el informe “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, del académico Ignacio Bosque, en el que se critican las directrices contenidas en nueve guías sobre lenguaje no sexista elaboradas por comunidades autónomas, sindicatos y universidades, porque, si se aplicara estrictamente cuanto dicen, “no se podría hablar”.
A los responsables de estas guías les molesta de forma especial el uso genérico del masculino para designar a los dos sexos, a pesar de que “está firmemente asentado en el sistema gramatical español” y de otras muchas lenguas, y recomiendan, por ejemplo, decir “la ciudadanía”, en lugar de “todos los ciudadanos”; “las personas becarias”, en vez de “los becarios”, o “personas sin trabajo” y no “parados”.
Respaldado por todos los académicos asistentes al pleno del jueves 1, el informe puede consultarse íntegramente en el Boletín de información lingüística de la RAE (BILRAE), en la página web de esta institución.
Las guías analizadas son de la Junta de Andalucía y de la Generalitat Valenciana; de las universidades de Málaga (junto con el Ayuntamiento de esta ciudad), Granada, Politécnica de Madrid, Nacional de Educación a Distancia y de Murcia, y de Comisiones Obreras —en colaboración con el Ministerio de Igualdad— y la Unión General de Trabajadores.
Estas guías extraen “una conclusión incorrecta de varias premisas verdaderas”, porque, afirma Bosque, es cierto que “existe la discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad”, como también lo es la necesidad de “extender la igualdad social de hombres y mujeres, y lograr que la presencia de la mujer en la sociedad sea más visible”.
Pero en esos textos se suele llegar a “una conclusión injustificada que muchos hispanohablantes consideramos insostenible”: “suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz, ya que no garantizarían ‘la visibilidad de la mujer’ ”.
Ante los argumentos de los lingüistas, los responsables de las guías podrían decir que sus recomendaciones proceden de “su sensibilidad ante la discriminación de la mujer en el mundo moderno”. Pero ese argumento “es insostenible, puesto que califica arbitrariamente de sexista al grupo —absolutamente mayoritario— de mujeres y hombres con una sensibilidad diferente”, afirma Bosque.
“¿Qué se supone que ha de pensar de sí misma una mujer que no se sienta excluida de la expresión ‘Se hará saber a todos los estudiantes que...’ por mucho que la Generalitat Valenciana le diga que la están discriminando?”. Las guías analizadas “son poco flexibles en este punto”, dice el autor.
Un buen paso hacia la solución del “problema de la visibilidad” sería “reconocer, simple y llanamente, que, si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías en sus términos más estrictos, no se podría hablar”, asegura Bosque, quien cree que las propuestas están pensadas solo para el lenguaje oficial.
Pero, luego, “la autoridad, el responsable o el gestor que desdobla usuarios y usuarias o ciudadanos y ciudadanas se olvidaría de su desdoblamiento cuando ya no esté delante de un micrófono o de una cámara y hablaran como todo el mundo”.
Como un caso extremo de este “desdoblamiento léxico”, el informe cita dos párrafos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ambos correspondientes a su artículo 41: “Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional”.
La mayor parte de estas guías han sido escritas sin la participación de los lingüistas y el autor asegura que, en algunos casos, las propuestas “conculcan aspectos gramaticales o léxicos firmemente asentados en nuestro sistema lingüístico, o bien anulan distinciones y matices que deberían explicar en sus clases de lengua los profesores de enseñanza media, lo que introduce en cierta manera un conflicto de competencias”.
“No hay, desde luego, ilegalidad alguna en las recomendaciones sobre el uso del lenguaje que se introducen en esas guías, pero es fácil adivinar cuál sería la reacción de las universidades, las comunidades autónomas, los ayuntamientos o los sindicatos si alguna institución dirigiera a los ciudadanos otras guías de actuación social sobre cuestiones que competen directamente a esos organismos, y, más aún, que lo hiciera sin consultar con ellos y sin tener en cuenta sus puntos de vista, cuando no despreciando abiertamente sus criterios”.
Bosque tiene claro que el propósito último de las guías de lenguaje no sexista es loable porque quieren “contribuir a la emancipación de la mujer y a que alcance su igualdad con el hombre en todos los ámbitos del mundo profesional y laboral”, pero no tiene sentido “forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad” ni “impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real”.
Fuente: ABC
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